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Falsedades sobre la reforma

per Vicenç Navarro

En el debate actual sobre la reforma constitucional y la ley orgánica complementaria se están haciendo afirmaciones que no son sostenibles.

A continuación detallo las más representativas:

“El mayor problema que tiene España es el tamaño del déficit y de la deuda pública”.
No es cierto. En 2007, el Estado tenía superávit y la deuda era de las más bajas de la Eurozona y ello no protegió a España de tener una Gran Recesión. Incluso hoy, la deuda pública es menor que el promedio de la Eurozona y el déficit ha descendido, lo cual no ha evitado que los intereses que el Estado español ha tenido que pagar para vender su deuda pública hayan sido los mayores en su historia.

“La ley aprobada por el pacto PSOE-PP no es un ataque al Estado del bienestar”.
Sí que lo es. Si se le exige al sector público que reduzca el déficit publico, hay varias maneras de hacerlo. Bajando el gasto público, aumentando los impuestos o incrementando el crecimiento económico para ingresar más fondos al Estado. En España, la mayor reducción del déficit público siempre se ha conseguido con recortes de gasto público, incluyendo el gasto público social. Pasó cuando el Estado español tuvo que reducir el déficit para acomodarnos al criterio de Maastricht, y bajar el déficit al 3% del PIB. Y pasa ahora, cuando quieren reducirlo al 0,4% del PIB. Es más, la fiscalidad del Estado español (tanto central como autonómico) es profundamente regresiva. Si miramos los niveles efectivos (reales) de tributación y no sólo nominales, las grandes familias, las grandes empresas y la banca, pagan niveles muy inferiores (restando al Estado 44.000 millones de euros al año) a lo que paga un trabajador en nómina. El Estado ya ha demostrado todos estos años su incapacidad o falta de valentía política de corregir esta situación. Le es más fácil recortar los servicios domiciliarios a las personas con dependencia (600 millones de euros) o congelar las pensiones (1.200 millones) que revertir la bajada de impuestos (37%), que afectaron a los súper ricos (300.000 euros o más al año) en los últimos quince años (2.500 millones de euros). Las clases populares tienen menos poder sobre el Estado español que las clases dominantes.

“Si no se toman estas medidas, los mercados no se calmarán y terminaremos peor”.
Los mercados no son calmables. El problema no es la especulación de los mercados, sino la falta de protección de los estados frente a los mercados. Lo que un Estado hace frente a las maniobras especulativas es imprimir dinero y comprar su propia deuda pública, forzando la bajada de los intereses de tal deuda. Pero, con la creación del euro, los países del euro no pueden hacer esto. Sólo el Banco Central Europeo puede imprimir dinero. Pero en lugar de hacer lo que los bancos centrales hacen, es decir, comprar deuda pública de los estados de la Eurozona, lo que hace es proveer liquidez a los bancos privados, pero no a los estados. Sólo, recientemente y con grandes reticencias, se ha estado haciendo, pero tarde e insuficientemente. Cuando compró deuda pública de España e Italia, los intereses bajaron. Esto debiera hacerlo pero no excepcionalmente, sino como parte de su función. Es más, los estados de la Eurozona debieran tener bancos públicos para garantizar el crédito. En España se está yendo en sentido contrario. La privatización de las cajas dificultará todavía más la garantía del crédito.

“Todos los estados de la Eurozona debieran tener una legislación igual, prohibiendo que tengan déficits públicos”.
Como ha indicado el Center for Economic and Policy Research, uno de los centros de investigación más prestigiosos de EEUU, tal política “sería un desastre”. Sería equivalente a que Estados Unidos, cuyos estados tienen que tener un déficit cero para los gastos ordinarios (pero no en inversiones), no tuvieran un Estado Federal con un Gobierno que tiene déficits del 8,2% del PIB (y una deuda del 160% del PIB) y con un Banco Central (The Federal Reserve Board) que ayuda a los estados (California tiene unas cuentas públicas en tan mala forma como Grecia) y compra deuda pública (algo que no está permitido al Banco Central Europeo).

“Estas políticas de austeridad nos evitarán llegar a la situación griega”.
Todo lo contrario, están acelerando a alcanzar la situación griega. Tales medidas, congelación de pensiones y recortes sociales, que están empobreciendo todavía más el subfinanciado Estado del bienestar español (el gasto público social por habitante es el más bajo de la Eurozona) está dificultando enormemente la recuperación económica al reducir la demanda de bienes y servicios, que es el mayor problema de la economía española. Estas políticas de austeridad están empobreciendo tal demanda. Hoy está creciendo la percepción, incluso en centros financieros, de que el mayor problema de España es el escaso crecimiento económico. La explosión de la burbuja inmobiliaria creó un agujero equivalente a un 7% del PIB que tendría que rellenarse con gasto público para permitir una estimulación de la economía. Tras cuatro años de austeridad, la economía española continúa estancada.

“El estímulo económico se aplicó en España y no ayudó mucho”.
No es cierto. Ayudó poco porque consistió sobre todo en recortes fiscales que beneficiaron sobre todo a las rentas superiores que son las que proporcionalmente consumen menos y tienen, por lo tanto, escaso impacto estimulante de la demanda. Muy pocos de los estímulos fueron encaminados explícitamente a crear empleo. De la misma manera que las derechas están utilizando la crisis para obtener lo que siempre han querido, es decir, disminuir los salarios, la protección social y privatizar el Estado del bienestar, las izquierdas debieran utilizar la crisis para conseguir sus objetivos, es decir, hacer un reforma fiscal profunda que, a base de corregir el enorme déficit fiscal de las clases pudientes –grandes familias, grandes empresas y banca– se resolviera el déficit social, creando empleo, y a la vez se estimulara la economía. Así se salió de la Gran Depresión y así se debería salir ahora.

Artículo publicado en Kaosenlared.net

Anuncis

Sindicatos y el 15-M marchan a favor del referéndum

Miles de personas claman contra un cambio constitucional “innecesario, inconveniente e inútil”

Miles de personas salieron ayer a las calles de varias ciudades españolas para protestar contra el fondo y la forma en la que se ha orquestado una reforma la limitación el déficit público en la Constitución que consideran “innecesaria, inconveniente e inútil” y para pedir que su aprobación en el Congreso y el Senado sea ratificada mediante una consulta popular vinculante.

En Madrid, convocados por 34 organizaciones, entre ellas los sindicatos UGT y CCOO, 25.000 manifestantes, según la organización, se dieron cita en las inmediaciones de la plaza de Cibeles, donde la marcha comenzó sobre las siete y media de la tarde. La empresa especializada Lynce, por encargo de Efe, calculó un máximo de 4.843 asistentes a las 20.20 horas. El Movimiento 15-M también quiso estar presente en la protesta, pero sus integrantes ya habían avisado de que no marcharían al lado de los sindicatos, los partidos políticos y el resto de organizaciones. De ahí que exhibieran su descontento con mensajes irónicos del tipo “¡Sindicatos, gracias por venir!” o críticos como “¡CCOO y UGT, hermanos de PSOE y PP!”.

Intentaron guardar distancia y ambos grupos sólo llegaron a juntarse durante unos minutos en la Puerta del Sol, donde algunos indignados silbaron al ver el escenario que habían montado las organizaciones sindicales.

Fue precisamente en el kilómetro cero de la capital donde los actores Mónica García y José Gamo leyeron un manifiesto en el que calificaron la reforma de “antidemocrática”.

En el texto, los convocantes piden a los senadores que no apoyen hoy la reforma en el pleno y que sean los ciudadanos los que tengan la oportunidad de decidir. En este sentido, calificaron de “grave atentado a la soberanía popular y al prestigio de las instituciones democráticas” este cambio en la Constitución. Por ello, también solicitan a todos los parlamentarios que en los 15 próximos días tengan la oportunidad de solicitar la convocatoria de un referéndum, lo hagan.

Con frases como “¡Así no, esto no!”, el manifiesto calificaba de intolerable que una reforma de tanta trascendencia se haya aprobado en 15 días “hurtando a la ciudadanía la posibilidad de pronunciarse”.

Los convocantes denunciaron también que la modificación pone en grave riesgo el Estado del bienestar, al tiempo que achacaron el gran déficit público a las regresivas reformas fiscales realizadas en los últimos 15 años, además de a la crisis y la especulación inmobiliaria. Los manifestantes marcharon tras una pancarta en la que podía leerse el lema “Contra la reforma de la Constitución. ¡Referéndum ya!”.

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez; el coordinador federal de IU, Cayo Lara, y el portavoz de la federación en el Congreso, Gaspar Llamazares, se situaron en la cabecera, que avanzó por la calle de Alcalá hasta Sol. También estaba el líder de Equo, Juan López de Uralde.

Consulta simple

En la cabecera, Toxo aseguró que someter la reforma a una consulta pública “es tan simple” como poner una urna más en los colegios electorales el 20-N. A su parecer, la reforma ha sido impuesta por exigencias de “fuerzas extrañas” externas que sólo pretenden “asegurar el negocio” a costa de la calidad democrática.

Por su parte, Méndez alertó de que el cambio constitucional puede suponer “serios riesgos” en materia social. “Tenemos razones más que suficientes y avaladas por la realidad para que esto no siga adelante”, matizó. Lara, por su parte, aprovechó la marcha para reclamar que la Carta Magna incluya un techo de fraude fiscal del 0,4% del PIB.

Las banderas republicanas y con las siglas de los sindicatos fueron los símbolos más exhibidos en una marcha que avanzó de manera poco bulliciosa y en la que sólo se escucharon tímidas consignas a favor de una huelga general. Las pancartas en las que los ciudadanos denunciaban cómo PSOE y PP habían orquestado una reforma constitucional sin consenso sí podían contarse por decenas. “Democracia, ¿dónde estás?”, “Rompéis el pacto social” y “Exijo votar el cambio constitucional” eran algunas de ellas.

Otras ciudades

Logroño, Palma, Zaragoza, Valladolid y Bilbao fueron otras ciudades españolas que también se echaron a la calle.

En Logroño, los sindicatos se unieron a la convocatoria del 15-M en un acto que convocó a 2.000 personas. En Zaragoza, salieron a la calle unas 2.000 personas, según los convocantes. Y en Palma, una cadena humana de más de 300 ciudadanos conectó las sedes de PP y PSOE como medida de protesta.

Artículo publicado en Público.es