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Ajuntament de Vallirana: 5.300 euros en aliments de primera necessitat

08/10/2012. L’Ajuntament de Vallirana, des de la Regidoria de Serveis Socials, ha fet una compra d’aliments bàsics per un valor de 5.300 euros per poder subministrar aliments de primera necessitat a les famílies amb dificultats econòmiques del municipi.

La greu situació de crisi ha provocat l’augment de famílies i persones que necessiten rebre aliments per cobrir les seves necessitats alimentàries, això ha derivat també en l’exhauriment de les provisions del Banc d’Aliments. Davant d’aquesta situació, la Regidoria de Serveis Socials ha considerat necessari fer aquest compra de productes bàsics com llet, llegums, farinetes per a nadons, cereals, arròs, farina, galetes i oli.

Anuncis

El nombre de persones que han acudit a Càritas augmenta un 174% en cinc anys

324.cat

Els serveis d’acollida i assistència de Càritas han passat atendre de 370.251 persones el 2007 a més d’un milió, 1.015.276, el 2011. És a dir, que el nombre de persones que ha atès l’organització ha augmentat un 174%.

Davant d’aquestes dades de l’últim informe sobre “Els efectes permanents de la crisi”, el secretari general de l’organització, Sebastián Mora, ha expressat la seva “profunda preocupació” i “radical incertesa pels efectes de la crisi”.”Ens continuem commovent amb desesperança davant una crisi més extensa i un empitjorament profund i ràpid”, ha manifestat Mora, per qui “s’estan erosionant els mecanismes bàsics de l’ajuda social”.

El coordinador de l’equip que ha portat a terme l’informe, Francisco Lorenzo, ha dit que ens els últims anys s’ha consolidat la desigualtat territorial.

El perfil de les persones que recorren a Càritas: una persona amb risc de perdre la vivenda, parelles amb fills i joves i adults entre 30 i 44 anys.

Los derechos sociales perdidos

Antonio Antón
Profesor Honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid

El Consejo de Ministros del 13 de julio aprobó un nuevo conjunto de medidas de ajuste. Tienen un carácter profundamente antisocial y reducen derechos sociales en tres áreas: protección al desempleo, servicios públicos y condiciones salariales y laborales de los empleados públicos. A ellas hay que añadir la última reforma laboral y las medidas fiscales regresivas. Están inscritas en una estrategia liberal-conservadora de ampliación de la austeridad para las capas populares y debilitamiento de lo público y el Estado de bienestar, son injustas y tienen graves consecuencias sociales y un gran déficit democrático. Veámoslas detenidamente.

1) Debilitamiento de la protección social a las personas desempleadas

Las principales medidas de este primer tipo son las siguientes. Se rebajan diez puntos porcentuales (del 60% al 50% de las bases de cotización) el importe de la prestación contributiva que se cobra a partir del séptimo mes de desempleo (se mantiene el 70% los primeros seis meses); puede afectar a cerca un millón del total de 1,3 millones que reciben prestaciones contributivas.

Se elimina el subsidio no contributivo de los mayores de 52 años y hasta la edad de 55 años en que se fija ahora el derecho, siendo obligatoria su finalización a la primera edad posible de jubilación; del total de 1,3 millones que perciben este subsidio asistencial se ven perjudicados unos 300.000. Igualmente, se restringe el acceso a la renta activa de inserción que durante seis meses percibían las personas desempleados mayores de 45 años, con rentas inferiores al 75% del salario mínimo interprofesional (SMI) de 641 euros, introduciendo mayores exigencias de búsqueda de empleo y eliminando a los desempleados inscritos pero sin haber conseguido previamente derechos contributivos; afecta a unas 650.000 personas. El tope de la indemnización del FOGASA, para personas despedidas de empresas insolventes, desciende un 20% (de 150 días a 120) y el máximo del importe pasa de tres veces y media el SMI mensual (2.243 euros) a dos veces (1.282 euros), es decir, se recorta el 42%. Así mismo, se amplían las exigencias de ‘búsqueda activa de empleo’ o reinserción laboral, así como los controles y las capacidades sancionadoras de la administración para poder expulsar beneficiarios de estas prestaciones, sólo con ‘indicios’ de fraude o sin aportar todos los requisitos y documentos que demuestren la mejora de su empleabilidad. A todo ello hay que añadir el incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social pagadas por el beneficiario de la prestación contributiva, que antes financiaba el INEM, con lo que su retribución neta se reduce un 3,4%. Hasta el año 2014, solamente la reducción del gasto en protección contributiva al desempleo se calcula en cerca de 14 mil millones de euros.Por otro lado, el decreto-ley aprobado el 24 de agosto sobre la renovación el plan PREPARA aprueba dos medidas contradictorias, una mejora parcial y un recorte significativo. Desde hace dos años, una media de 200.000 personas desempleadas que agotaban la prestación contributiva ha cobrado un subsidio, durante seis meses, debiendo participar en un programa de inserción profesional. Ahora, por una parte, se eleva de 400 euros a 450 el importe a percibir sólo por las personas desempleadas que tienen responsabilidades familiares (pareja y dos hijos menores de 26 años) y sin ingresos. Por otra parte, la más sustancial, se elimina su percepción para muchos beneficiarios, especialmente jóvenes, al computar la renta familiar en vez de la individual, y además, se endurecen los requisitos: constatación de que se busca activamente empleo y que la situación de paro sea de larga duración (más de un año). El primero supone mayores controles administrativos persiguiendo la baja del sistema, ya que no hay expectativas de crecimiento del empleo, dada la situación económica, y al mismo tiempo, se reducen los recursos públicos para políticas activas de empleo. El segundo consiste en dejar sin acceso a las personas (jóvenes) que no han llegado a estar empleadas durante tres años, periodo de cotización necesario para cobrar doce meses la prestación contributiva previa, ya que este subsidio se cobra una vez finalizada la prestación contributiva y se exige estar un año en paro (dentro de los últimos 18 meses).Además, de los 5,7 millones de personas desempleadas (según la EPA-2012-2º trimestre) sólo cobran una prestación o un subsidio de desempleo 2,9 millones (según el paro registrado del INEM), por lo que hay 2,8 millones permanecen sin ninguna protección pública, y 1,7 millones de hogares tienen todos sus miembros activos en paro. En definitiva, el paro masivo, la reducción de la protección pública y el desamparo de las personas desempleadas están generando un mayor empobrecimiento de los sectores más desfavorecidos, un descenso en sus trayectorias laborales y personales y un deterioro de sus capacidades humanas, académicas y profesionales, con especial repercusión entre la gente joven. La desprotección social conlleva el intento de diluir la responsabilidad de las instituciones públicas y reafirmar la ideología liberal-conservadora, culpando a las personas desempleadas de su propia situación de paro. La ausencia de políticas de reactivación de empleo decente y estos nuevos recortes de la protección al desempleo están consolidando nuevas brechas sociales y dificultades para la integración social. Es preciso ampliar la cobertura e intensidad de la protección social al desempleo y al riesgo de pobreza y exclusión, fortalecer las adecuadas políticas de formación y cualificación profesional y estimular la creación de empleo con plenos derechos sociales y laborales.

2) Deterioro de la calidad de servicios públicos fundamentales

Este decreto de julio recorta 5.811 millones de euros el gasto de las Comunidades Autónomas, siendo el grueso de su presupuesto estos servicios esenciales, que se verán afectados. Si se añade el recorte aprobado del gasto de los servicios ofrecidos por el Gobierno central y los Ayuntamientos, la reducción del gasto público llega a 9.220 millones de euros. En particular, adopta una medida que tiene un impacto directo sobre la protección a la dependencia. Se reduce la financiación pública estatal al sistema de dependencia, se pospone la ampliación al grado moderado de dependencia, se aumenta el copago que deberán realizar las personas dependientes y se reducen los servicios que se ofrecen. Las principales medidas concretas son: reducción de los importes medios de las prestaciones económicas asociadas a los grados de dependencia, por la vía de eliminar la subdivisión en los dos niveles de cada uno de los tres grados de dependencia; rebaja de un 15% de la prestación por cuidador familiar que determina el Estado, descenso ampliable por las comunidades autónomas si así lo deciden, y el cuidador pasa a asumir la cotización social en vez del Estado como antes. Este recorte se acumula a las primeras medidas aprobadas por el Gobierno del PP, en diciembre pasado, (recorte de 9.000 millones en el presupuesto de los ministerios y paralización del calendario de aplicación de la ley de dependencia), así como las adoptadas en abril: aumento del copago farmacéutico, incluido el nuevo pago por los pensionistas, exentos hasta entonces; la exclusión de los inmigrantes sin papeles de la tarjeta sanitaria; el aumento de la ratio de alumnos por aula, con el consiguiente despido de interinos y la menor calidad de la enseñanza, y la subida de las tasas universitarias con mayores dificultades para el acceso a la educación superior de los sectores menos pudientes. E igualmente se suma la de junio: el llamado medicamentazo, con la exclusión de la subvención pública de 417 medicamentos básicos y de gran consumo.

 

3) Rebaja de los salarios de los empleados públicos y aumento de su jornada laboral con la consiguiente expulsión de personal interino y contratado

Se suprime la paga extra de Navidad para la gran mayoría de los 2,7 millones de empleados del sector público, lo que supone aproximadamente la reducción de un 7% de los ingresos salariales y pudiendo prorratear los descuentos en las nóminas mensuales anteriores a esa fecha; sólo quedan exentos los que cobran menos de 962 euros (1,5 veces el salario mínimo interprofesional). Se disminuye entre un 50% y un 25% la cantidad percibida en situación de incapacidad temporal por enfermedad común, que tendrá un máximo del 50% del salario en los tres primeros días de baja por enfermedad y un máximo del 75% entre los días 4 y 20. Se reducen de seis a tres los días disponibles para asuntos particulares. El personal laboral (0,7 millones) de la administración podrá ver modificados o suspendidos sus convenios colectivos, con el pretexto de insuficiencias presupuestarias. Hay que añadir la generalización del aumento de jornada laboral de 35 a 37,7 horas semanales, aprobado en diciembre pasado, incluyendo su posible ampliación, con lo que supone de no renovación de contratos temporales o interinos, reducción de empleo e incremento del paro. Se favorece la movilidad de los empleados públicos en los distintos ámbitos de la administración, y se evita que personal de empresas contratadas adquieran una relación laboral con el Estado. Oficialmente, el recorte de gasto público previsto por estas medidas, para el año 2012, es de 5.430 millones de euros, aunque el saldo neto derivado de los menores ingresos por cotizaciones sociales del personal adscrito al Régimen General (24,4% de esa cantidad) y por IRPF (por encima del 24,75%), será muy inferior (algunas estimaciones lo sitúan en unos 3.000 millones), y sin contar el impacto negativo sobre el consumo.A todo ello hay que añadir la congelación del sueldo para 2012 de los empleados públicos decidida en diciembre por el gobierno del PP y la prevista para el año 2013, acumuladas a la reducción del cinco puntos del salario en el año 2010 y su congelación para el año 2011, aprobadas por el anterior gobierno socialista.

4) Una reforma laboral injusta y antisocial

El Gobierno del PP aprobó el pasado mes de febrero una reforma laboral profundamente regresiva: abarata y facilita el despido, recorta derechos y condiciones laborales, precariza el empleo y debilita la regulación laboral y la negociación colectiva. Sus objetivos son dobles: por un lado, la subordinación de trabajadores y trabajadoras, el abaratamiento de los costes laborales y asegurar una inserción laboral en la inseguridad, y, por otro lado, el incremento de los beneficios empresariales y el fortalecimiento de la capacidad empresarial para disponer arbitrariamente de las personas empleadas y en paro. El resultado es un fuerte desequilibrio en las relaciones laborales: por una parte, mayor indefensión para las capas trabajadoras y marginación de sus representantes sindicales, y por otra parte, mayor poder y control empresarial. Lejos de constatar el fracaso de las anteriores reformas laborales para crear empleo, asegurar su calidad y atender las demandas ciudadanas de superar el paro y garantizar la protección al desempleo, esta contrarreforma laboral del PP profundiza su contenido regresivo y desarrolla su impacto antisocial. Esta agresiva contrarreforma de las derechas (PP y CIU) profundiza el retroceso laboral impuesto por las dos reformas del Gobierno socialista anterior: la reforma laboral de junio de 2010, con el abaratamiento del despido, y la reforma de la negociación colectiva de julio de 2011, con el debilitamiento de la capacidad contractual de los sindicatos. En su conjunto es un recorte generalizado de las garantías colectivas e individuales de trabajadores y trabajadoras, una marginación del sindicalismo en la regulación de las relaciones laborales, un incremento del poder empresarial.

5) Medidas fiscales regresivas

La principal es la elevación desde el 1 de septiembre del tipo reducido de IVA desde el 8% al 10% y del tipo normal del 18% al 21%. Junto con el incremento decidido por el anterior gobierno socialista en el año 2010, en los dos últimos años el tipo general se ha incrementado 3 puntos y el tipo normal 5 puntos. Además, algunos productos pasan del tipo reducido al normal, es decir, se incrementan 13 puntos. Es el impuesto más regresivo porque afecta al consumo de la población y, proporcionalmente, es superior para las capas populares. El impacto oficial es de un incremento impositivo de 2.300 millones de euros en el año 2012 (se aplica sólo en el último trimestre del año), 10.130 millones en 2013 y 9.670 millones en 2014. Es un importe significativo que se detrae de los recursos de la mayoría de la sociedad, y disminuye el consumo y el empleo. Por otro lado, se aumenta la fiscalidad del tabaco y se retiran algunas deducciones del Impuesto de Sociedades. El conjunto de las medidas aprobadas en julio supone una reducción de 1,2 puntos del déficit en el año 2012 y 0,9 puntos adicionales en el año 2013, aunque los compromisos adquiridos por el Gobierno con las instituciones comunitarias son una reducción prácticamente el doble.

La presión fiscal en España es muy inferior a la media de la Unión Europea. En el año 2011 era del 35,1% del PIB, 9,5 puntos menos que la media europea (44,6%), habiendo bajado cinco puntos desde el máximo del año 2007 (41,1%). Esa menor presión fiscal está distribuida en todos los tipos de impuestos. Con datos desagregados del año 2010 (en que la diferencia existente era de 7,8 puntos), respecto de la media europea en España se ingresaba menos en impuestos indirectos (2,4 puntos de los que 1,4 eran en el IVA), en impuestos directos (2,1 puntos), en cuotas sociales (2,3 puntos) y en tasas y precios públicos (1 punto). Hay pues margen para un incremento de la fiscalidad. La cuestión, para que aumente la equidad del sistema, es qué medidas se adoptan. Aparte de la lucha contra el fraude fiscal y contando con el incremento del IRPF (menos regresivo que el del IVA) adoptado por el gobierno del PP en diciembre pasado, existe un margen amplio para el incremento del impuesto de sociedades, particularmente a las grandes empresas con un tipo de gravamen del 30% pero cuyo tipo efectivo es la mitad, debido a las múltiples deducciones existentes hasta ahora. Este impuesto de sociedades fue rebajado cinco puntos en la reforma fiscal del gobierno socialista en el año 2006. Para hacerse una idea del impacto de esa rebaja, entre los años 2007 y 2010, el descenso más pronunciado de los ingresos fiscales fue el derivado del impuesto de sociedades que se recortó un 64% (17.521 millones de euros en un año según el Ministerio de Hacienda); más de la mitad de esa cantidad (unos 8.000 millones) correspondía a la reducción impositiva, y cerca de la otra mitad a la disminución de la actividad económica. El nuevo del Gobierno del PP ha confirmado esa rebaja regresiva del tipo de gravamen del impuesto de sociedades realizada por el Ejecutivo del PSOE. Igualmente, se podrían incrementar otros impuestos, algunos recientemente eliminados como los de sucesiones (más de 2.500 millones anuales) o simbólicos como el del patrimonio (incluido las SICAV) y otros prácticamente inexistentes, como los medioambientales o a las transacciones financieras, además del impuesto especial a las grandes fortunas que propone el partido socialista.

Al mismo tiempo, el gasto público en España, en el año 2011, es el 43,6%, inferior en 5,8 puntos a la media europea (49,4%). En el periodo 2007-2009 se produjo un significativo aumento del 39,1% del PIB al 46,3%, más de siete puntos, derivado fundamentalmente del incremento de 3 puntos porcentuales del gasto en prestaciones sociales (desempleo y pensiones) y 1,8 en la remuneración de los empleados públicos. Sin embargo, generado por los distintos recortes sociales de mayo de 2010 (congelamiento de pensiones y rebaja salarial de los empleados públicos), en ese año el gasto público bajó al 45,6% y en el año 2011 al citado 43,6%, es decir, un total de tres puntos en dos años. Además, hay que contar que, últimamente, la partida del pago por intereses de la deuda pública es la que tiene mayor incremento sin que, por supuesto, suponga un beneficio para la población sino, sobre todo, para los especuladores y acreedores extranjeros.

Una de las medidas problemáticas adoptadas por el último decreto de julio es la rebaja de dos puntos en las cotizaciones sociales de las empresas (unos 5.000 millones de euros) que constituyen un ahorro de costes laborales de las empresas. Lejos de la versión oficial de que revertirá en mayor inversión y competitividad para nuestras empresas exportadoras, van a ir a parar, fundamentalmente, al aumento de los beneficios empresariales sin mejorar el empleo. Al mismo tiempo, ponen en peligro los ingresos de la Seguridad Social y puede ser un pretexto para un nuevo recorte de las pensiones.

La conclusión es que no estamos ante un excesivo gasto público que haya que contener sino que todavía resta una gran diferencia, particularmente de gasto social, respecto de la media europea. El  problema fundamental es la limitada presión fiscal en España, muy inferior a la de la Unión Europea y la Eurozona, causante principal del elevado déficit público. La solución pasa por incrementar los ingresos fiscales con una reforma fiscal profunda, progresiva y equitativa, todavía más necesaria para impulsar políticas de reactivación económica, renovación del aparato productivo y creación de empleo decente, así como para sostener y consolidar nuestro débil Estado de bienestar.

6) Síntesis

En resumen, el Gobierno del PP, durante estos meses, ha reforzado y ampliado las medidas antisociales de ajuste y austeridad. Amparado por las instrucciones y orientaciones de las instituciones europeas, con esta política regresiva aprovecha la situación de crisis económica para modificar los equilibrios de reparto de rentas y las garantías de protección social y servicios públicos en beneficio de los empresarios y las capas altas y en perjuicio de la mayoría de la sociedad, las capas trabajadoras y, particularmente, los sectores más desfavorecidos y en desempleo. Esta política liberal-conservadora supone un plan sistemático para cambiar profundamente el modelo social y avanzar en una salida regresiva a la crisis. Supone ante la ciudadanía un justo descrédito de la clase política, empeñada en hacer recaer los mayores costes de la crisis en la mayoría popular. El reto para las izquierdas, el sindicalismo y los grupos y movimientos sociales progresistas es impedir los recortes antisociales, hacer fracasar esa estrategia, reactivar la ciudadanía y conformar un bloque social unitario, en defensa del empleo decente, los derechos sociales y laborales y el refuerzo del Estado de bienestar. Las convocatorias de protestas colectivas, particularmente la gran marcha hacia Madrid que tiene lugar hoy, y la participación masiva en la consulta popular contra los recortes y los ajustes, junto con las distintas movilizaciones en marcha, son un buen cauce para manifestar la indignación ciudadana y exigir un cambio de la política social, laboral y económica que garantice una salida más justa y equitativa de la crisis.

Grecia pedirá ampliar de 2014 a 2016 el plazo para ejecutar los recortes

El primer ministro heleno, Andonis Samaras, comunicará su petición a Merkel y a Hollande la semana que viene, según ‘Financial Times’. La propuesta es similar a la que planteaba la coalición izquierdista Syriza, y que tantas críticas despertó en la UE.

Grecia no puede más. Los incesantes planes de ajuste asfixian a los ciudadanos griegos y a sus administraciones públicas que se ven incapaces de hacer frente a las deudas que crecen con cada plan de ayuda que les llega desde la UE. La situación se ha vuelto tan insostenible que el Gobierno griego tiene pensado solicitar dos años más para cumplir con el plan de austeridad impuesto por Europa. El primer ministro del país, Antonis Samaras, tiene previsto explicar su la próxima semana durante las conversaciones que tiene previsto mantener con la canciller alemana, Angela Merkel, en Berlín, y con el presidente francés, François Hollande, en París.

Según informa el diario británico Financial Times, Grecia ve prácticamente imposible ejecutar un nuevo recorte de 11,5 millones de euros en el plazo comprendido entre 2013 y 2014 -el equivalente al 5% de su producción nacional anual- para poder hacer frente al rescate financiero concedido por la Unión Europea o por el Fondo Monetario Internacional. Así, el plan de extensión que planea el Ejecutivo griego plantea un ajuste más lento que se prolongaría hasta el año 2016.

De este modo, Grecia tendría la posibilidad de aliviar el ritmo de los ajustes y de reducción del déficit, hasta 1,5 puntos porcentuales del PIB al año, en lugar de los 2,5 puntos actuales. Asimismo, según el documento, el país heleno requeriría de financiación adicional por importe de 20.000 millones de euros para cumplir los presupuestos, ya que el ritmo de reducción de déficit entre 2013 y 2014 sería inferior al planeado. Estos fondos podrían proceder de los préstamos existentes por parte del FMI, la emisión de letras del Tesoro e, incluso, de un aplazamiento del reembolso de los préstamos del primer rescate desde 2016 hasta 2020, cuando se espera que comience a devolver los créditos del segundo rescate.

Similar propuesta de la izquierda

El planteamiento que tiene previsto hacer Samaras no dista en lo esencial de la propuesta electoral que la coalición izquierdista Syriza puso encima de la mesa para las elecciones generales que se celebraron en el país heleno el pasado junio . Su líder, Alexis Tsipras, dijo que pediría a los acreedores del país una moratoria del pago de la deuda y, por eso, fue duramente criticado por las instituciones europeas, hasta el punto que se hizo creer que si la izquierda resultaba vencedora en los comicios, Grecia estaba en riesgo de abandonar el euro.

El Tesoro de Grecia logró colocar este martes 4.062,5 millones de euros en letras con vencimiento a tres meses, lo que representó un 30% más del objetivo previsto y supone la mayor emisión de deuda a corto plazo llevada a cabo por el país heleno desde que recibiera un segundo rescate en marzo de 2012, aunque para ello tuvo que abonar unos intereses ligeramente más altos que en la anterior operación del mismo tipo. En concreto, la agencia colocadora saldó la subasta ofreciendo un interés medio del 4,43%, lo que supone un incremento del 3,5% respecto al 4,28% abonado en la operación del pasado 17 de julio. Por su parte, la demanda alcanzó los 4.248 millones.

El incremento en la emisión de letras a tres meses por parte de la Agencia de Gestión de la Deuda de Grecia vino condicionado por la necesidad del país heleno de hacer frente el 20 de agosto al vencimiento de un bono por importe de más de 3.000 millones.


Publico.es

Acciona presenta un ERE para 1.142 trabajadores pese a tener beneficios

Los sindicatos preparan movilizaciones contra los despidos, que la compañía justifica por la caída de la obra pública, por los recortes.

Acciona Infraestructuras ha presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 1.142 trabajadores de la compañía, alrededor del 30 % de la plantilla, Los sindicatos CCOO, UGT y USO critican que se haya presentado eset ajuste de plantilla a pesar de que la constructra no registra pérdidas, sino que publicó unas ganancias de 80 millones de euros en el primer semestre del año. El año pasado, la compañía que preside José Manuel Entrecanales tuvo un beneficio de 202 millones. Los sindicatos también subrayan que Acciona “otorga a sus directivos sueldos y prebendas por encima de los 250.000 euros anuales”.

Fuentes de la compañía apuntan que el ERE se justifica por la caída “drástica” de la actividad en obra civil, que es el negocio principal de la división de infraestructuras, a raíz de los recortes en la inversión pública, por los ajustes en la Administracion central y en las autonómicas. La nueva reforma laboral que aprobó el Gobierno en febrero permite presentar ajustes de plantilla ante la previsión de malos resultados, lo que ha disparado los expedientes de regulación de empleo.

El ajuste afectará al 30% de la plantilla, de 3.750 trabajadores

Según los sindicatos, unos 294 trabajadores serán despedidos y unos 850 se verán afectados por suspensiones o reducciones de jornada. Sin embargo, fuentes de Acciona aseguran que estos datos no están cerrados, ya que la negociación está abierta hasta el próximo 20 de agosto, y que, en cualquier caso, los despidos no implicarán a más del 8% de la plantilla actual, que se sitúa en torno a 3.750 trabajadores. Adem´ças, ha asegurado que los mayores de 50 años no se verán afectados por dicho expediente.

Los sindicatos lamentan “la negativa de la empresa a reducir el número de afectados y a mejorar la propuesta de indemnización económica”, al tiempo que critican su “intransigencia” a la hora de negociar. Las tres formaciones sindicales han anunciado su intención de organizar protestas, que van desde concentraciones frente a los centros de trabajo hasta “paros parciales” de cuatro horas diarias entre el 20 y el 22 de agosto. A pesar de las críticas, las organizaciones sindicales insisten en retomar las negociaciones con el objetivo de lograr “condiciones más justas” para los trabajadores que se vean afectados por el ERE.

Publico.es

Mientras el gobierno griego negocia más recortes la oposición sale a la calle en una nueva jornada de huelga general

Antonio Cuesta
Prensa Latina/Rebelión

Grecia está pendiente de la crucial reunión prevista entre el primer ministro, Lukas Papademos, y los partidos que apoyan a su gobierno sobre las condiciones impuestas por los acreedores (troika), a cambio del préstamo para evitar la quiebra.

El portavoz del partido socialista (PASOK), Panos Beglitis, aseguró ayer que “el peligro es real” y que aceptarán el programa de reformas de los acreedores internacionales -Unión Europea (UE), Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Central Europeo- si hay unanimidad entre los socios de Gobierno.

Explicó que Papademos había solicitado a la Secretaría de Hacienda y a la Oficina Estatal de Contabilidad General que redactaran un informe para este lunes sobre las consecuencias del incumplimiento de los acuerdos firmados con la UE. Y añadió que más allá de las conveniencias políticas o la crítica fácil, en clara alusión a los partidos de izquierda opuestos a los recortes, el pueblo griego debe saber que romper el compromiso con los acreedores significa la quiebra del país y su posible salida de la zona euro.

Las declaraciones de Beglitis sucedieron tras el fracaso de las conversaciones, en la tarde del domingo, de los líderes políticos que conforman el gobierno interino de coalición y la reunión de urgencia mantenida por la dirección del PASOK a lo largo de la noche.

El principal escollo es la rebaja de un 25 por ciento del salario mínimo y los complementos de pensiones, así como la supresión de dos pagas extras anuales, algo a lo que se oponen tanto el conservador Nueva Democracia como el ultranacionalista LAOS, ambos en la coalición gubernamental. El calendario de Bruselas indica que las nuevas reformas para sanear la maltrecha Grecia deben estar listas antes del 15 de febrero. El nuevo ‘tijeretazo’ deberá pasar el control de la Eurozona, el BCE y el FMI. Además, es necesaria prontitud para hacer posible un rescate de bonos para mediados de marzo.

Estas medidas también fueron rechazadas ya el viernes por el mayor sindicato del sector privado (GSEE) y por las agrupaciones empresariales GSEVEE y ESEE, que se encontraban negociando los términos de la reforma laboral exigida desde Europa.

Como forma de presionar al Gobierno contra nuevos recortes las GSEE y ADEDY, la principal fuerza sindical en el sector público, convocaron para hoy martes una jornada de 24 horas de paro en todo el país.

Por tal motivo la secretaria general del partido Comunista, Aleka Papariga, pidió una participación masiva en la huelga general y una escalada de protestas hasta derrocar al actual Gobierno e impedir así el cumplimiento del memorando y la firma del nuevo contrato de préstamo.

La alternativa a esta situación no pueden ser propuestas parciales, aseguró Papariga en sus declaraciones, sino una ruptura con el actual sistema económico fruto de las conquistas alcanzadas mediante la lucha popular.

Huelga general contra los recortes

Los dos mayores sindicatos la Confederación General del Trabajo (GSEE) y ADEDY anunciaron la convocatoria de un paro de 24 horas que tendrá lugar hoy martes para presionar al Gobierno contra el nuevo paquete de recortes exigido por acreedores externos.

Según el comunicado emitido por la Confederación de Sindicatos de Empleados Públicos (ADEDY) estas medidas, insistentemente repetidas durante los últimos dos años, exacerban el círculo vicioso de la recesión y conducen a la sociedad griega a la desesperación.

Para ADEDY las políticas de la troika conducen matemáticamente al declive de la economía y al hundimiento de la sociedad griega, y por ello deben de ser revertidas a toda costa.

A su vez el presidente de la GSEE, Yannis Panagopulos, calificó el nuevo memorando de la troika como “un chantaje brutal contra todo un pueblo”, encaminado a eliminar todas las leyes laborales y recortar los salarios del sector privado entre un 20 y un 30 por ciento.

Las medidas “no son una negociación sino la crónica de una muerte anunciada”, declaró Panagopulos tras anunciar la convocatoria de huelga y la manifestación prevista para mañana al mediodía frente al Parlamento, en la céntrica plaza de Sintagma.

Ambos sindicatos se reunirán de nuevo el jueves para discutir la posibilidad de incrementar las acciones de protesta.

Otras fuerzas políticas, opuestas también a la negociación de la deuda como el Partido Comunista y la coalición de la Izquierda Radical SYRIZA, convocaron ya ayer manifestaciones de rechazo al “chantaje” de la troika y a los “memorandos de la miseria”.

Los recortes impuestos desde Bruselas provocaron en los últimos dos años la duplicación del desempleo, la caída de un 25 por ciento de media en los ingresos de los trabajadores, el aumento de personas sin techo o la aparición de casos, cada vez más frecuentes, de desnutrición infantil.

Continua llegint a Rebelion

Más de 300.000 jóvenes se han ido del Estado Español durante la crisis

Más de 300.000 españoles han dejado España desde 2008 ante la falta de horizonte laboral, según un comunicado del máximo ejecutivo de la Federación Nacional de Asociaciones de Consultoría, Servicios, Oficinas y Despachos (FENAC) y vicepresidente de la Comisión Laboral de CEOE, Francisco Aranda.

Esta federación de pequeñas y medianas empresas de consultoría ha hecho público un análisis titulado ‘Fenac alerta de la pérdida de jóvenes cualificados en España’, lo cual ya se conoce como Generación JESP(jóvenes emigrantes sobradamente preparados)”.

En su comunicado asegura que ha analizado los últimos datos del servicio público de empleo y el censo en el exterior y su conclusión es que “cada vez más jóvenes españoles optan por emigrar a otros países en busca de una oportunidad laboral, en su mayoría, jóvenes altamente cualificados: ingenieros, arquitectos e informáticos, especialmente”.

De acuerdo con sus datos, “desde principios de 2008 hasta el cierre de 2011 se ha incrementado en un 25,6% el número de españoles mayores de edad residentes en el extranjero”, lo que en cifras absolutas son “307.900 personas más en edad de trabajar”. Actualmente hay 1,5 millones de españoles mayores de 18 años residiendo fuera de España.

Para Francisco Aranda, vicepresidente de FENAC y presidente de Laboral de CEIM, “superando los cinco millones de parados en España y con la tasa de desempleo juvenil más alta de la Unión Europea, no es de extrañar que cada vez sean más los españoles que opten por buscar un desarrollo profesional fuera de nuestras fronteras”.

En opinión de Aranda, “se trata de la generación más formada de nuestra historia contemporánea a la que ahora no podemos corresponder con un empleo. Resulta que se han formado, como les dijimos, han acudido a la universidad, como les indicamos, pero en el momento de incorporarse al mercado de trabajo no tenemos oportunidades que ofrecerles, como sí les prometimos. Por lo tanto, estamos experimentando una peligrosa huida de conocimiento que obstaculizará nuestro desarrollo hacia una economía de valor añadido”.

Estas cifras esconden un drama personal, pero también “un grave freno a nuestro desarrollo futuro, en el sentido de que nuestros jóvenes, sobre todo los mejor formados, se están viendo obligados a marcharse al extranjero, con lo cual nos estamos descapitalizando de talento de cara al futuro”, afirma el vicepresidente de las pymes consultoras.

Aranda sostiene que “el origen de este movimiento emigratorio lo encontramos en la EPA del último trimestre de 2011, que deja al descubierto el hecho alarmante de que un millón y medio de licenciados hacen cola ante las oficinas del INEM y que prácticamente la mitad de los jóvenes está en el paro” y urge al Gobierno a afrontar la reforma laboral.

El mayor éxodo, en Canarias

Según un informe del grupo Adecco, el éxodo de jóvenes que emigran se produce en primer lugar en Canarias “ya que desde el inicio de la crisis ha visto como 37.086 de sus habitantes mayores de 18 años han abandonado las Islas para residir en otro país”.

Esa cifra supone un aumento del 51,5%. Le sigue Baleares, con un aumento del 44,4% y La Rioja, del 39,4%. Extremadura y Castilla-La Mancha,son las que han producido menos éxodo.

Según Adecco, “los sectores más demandados para trabajar en el extranjero también han sido alterados como consecuencia de la coyuntura económica”. Previamente a la crisis los puestos de trabajo que más cubrían los españoles en el extranjero estaban relacionados con la investigación, la medicina y la biología.

En la actualidad, esta lista se ha ampliado considerablemente e incluye a los perfiles de ingenieros, arquitectos e informáticos, que han perdido su empleo, llevan tiempo sin encontrar una nueva ocupación o consideran que su trabajo será más valorado fuera de España”.

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